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pension alimenticia

¿Qué son las pensiones alimenticias?

Es la obligación de los padres o los tutores legales de entregar una alimentación a niños, niñas y adolescentes, incluye además, enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Los beneficiados en este tipo de pensión son los hijos o hijas hasta que cumplan 21 años salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual esta terminará a los 28 años.
Ambos padres en proporción a sus capacidades económicas deberán proporcionar debidamente esta pensión.

¿A quién corresponde el cuidado personal de los hijos?

En caso de separación, el cuidado de personal de los hijos corresponde al padre y a la madre. Ambos, aunque vivan separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación y mantención de sus hijos. El cuidado personal puede recaer en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial, pero el otro siempre debe aportar a la mantención. Si no lo hace, se puede demandar ante la justicia el pago de la pensión alimenticia.

Las adolescentes embarazadas también tienen derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo(a) que está por nacer, sin necesidad de contar con un representante legal.

 

Mediación y judicialización en los casos de pensión alimenticia

La mediación es una instancia obligatoria en materia de alimentos, previa a la posibilidad de la judicialización. Las partes pueden concurrir directamente a un mediador privado o a los centros licitados. En aquellos casos donde la mediación no logra acuerdos o una de las partes no concurre a la citación del mediador, se entrega un certificado de mediación frustrada, el que habilita para demandar los alimentos por medio de la presentación escrita patrocinada por abogado ante el juzgado de familia competente.

¿Qué se debe probar en el juicio de alimentos?

El vínculo de parentesco con el demandado: mediante certificado de nacimiento o libreta de matrimonio.

Las necesidades del niño/a: a través de una lista con sus respectivos comprobantes de los gastos de alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc.

La capacidad económica y patrimonial del demandado: mediante liquidaciones de sueldo, declaración de impuesto a la renta, boletas de honorarios y antecedentes de su patrimonio o declaración jurada. Si se ocultan las fuentes de ingreso o se presentan antecedentes falsos, se arriesga a sanciones con penas de prisión.